Fuente: Autoridad de Gran Londres
Ya nos habituamos a escuchar sobre el cierre de locales en las principales avenidas porteñas. La crisis económica, el avance del e-commerce y cambios en las dinámicas urbanas aparecen entre las principales explicaciones. Cabe destacar, sin embargo, que este no es un fenómeno exclusivo de Buenos Aires, ni de nuestro país: en muchas ciudades del mundo, los corredores comerciales ya no son lo que eran.
En Gran Bretaña, atrapada en su propia crisis desde el Brexit, este fenómeno viene golpeando también con mucha fuerza. Se estima que el año pasado cerraron casi 17.000 locales en distintas ciudades, un nuevo pico desde la pandemia. En años anteriores, la cifra también se había mantenido alta. Los locales independientes y familiares están entre los más afectados.
En 2021, todavía en contexto pandémico y con locales que permanecían vacíos de manera sostenida, el gobierno británico buscó dar una alternativa a sus dueños: facilitarles la reconversión a usos residenciales. De esta manera, se pretendía resolver por partida doble el problema de la vacancia y, a la vez, atender la falta de oferta habitacional. Ese año entró en vigor, en Inglaterra, la Class MA, basada en la figura de los Permitted Development Rights: un derecho de desarrollo otorgado por la normativa nacional que habilita la conversión de determinados usos comerciales a vivienda sin necesidad de obtener el permiso urbanístico ordinario de la autoridad local. De esta manera, los propietarios de locales como comercios, oficinas, restaurantes, gimnasios, clínicas o guarderías podían reconvertirlos a vivienda de manera más fácil. En 2024, el gobierno decidió ampliar la herramienta, relajando las barreras de elegibilidad de los inmuebles: se eliminó el tope previo de 1.500 m² de superficie convertible y la exigencia de que el inmueble estuviera al menos tres meses vacío. Es decir que, a partir de esta modificación, un local comercial activo puede convertirse de manera inmediata al uso residencial.
Esta herramienta generó un debate que todavía no cierra. Por un lado, supone una imposición desde la autoridad nacional sobre competencias típicas de los gobiernos locales; además, los cambios de uso amparados en la Class MA quedan exentos de compromisos de asequibilidad, ambientales y/o de contribuciones por mejoras que sí suelen exigir las normas locales para otorgar permisos tradicionales. Por otro lado, más allá de las facilidades que brinda, también genera condiciones para que la oferta de vivienda que promueve tenga bajos estándares de calidad. En ese sentido, distintos gobiernos locales han avanzado en estrategias para revertir o limitar el uso de esta herramienta.
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