El saneamiento del Riachuelo vuelve a estar en el centro del debate. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), durante 2024 el Gobierno Nacional redujo en un 76,6% real los fondos destinados a la cuenca Matanza-Riachuelo. Y en lo que va de 2025, apenas se ejecutó menos del 20% del presupuesto previsto.
Se trata de la ejecución más baja de los últimos cinco años. De no mediar actualizaciones, la caída interanual superará el 30% en términos reales. La situación se agrava porque en octubre pasado la Corte Suprema archivó la megacausa “Mendoza”, cerrando la supervisión judicial que durante 17 años obligó a los gobiernos a cumplir con el plan de limpieza.
Hoy, la gran pregunta es cómo continuará el saneamiento de un curso de agua que, a lo largo de la historia argentina, simboliza tanto la expansión industrial como el olvido ambiental.
Un río que fue motor económico y cloaca de la ciudad
La historia de la contaminación del Riachuelo arranca a fines del siglo XVIII. En 1780 se instalaron saladeros en sus orillas, que arrojaban sangre y residuos directamente al agua. Ese mismo año, la tormenta de Santa Rosa amplió la boca Este del río, permitiendo el ingreso de embarcaciones.
En 1822, el presidente Bernardino Rivadavia ordenó que saladeros, jabonerías, fábricas de velas de sebo y curtiembres se trasladaran a la margen sur, lejos de las narices de los porteños más acomodados. Pero el río siguió alimentándose de desechos.
Tras las epidemias de cólera y fiebre amarilla de 1871, los saladeros fueron erradicados, aunque los edificios vacíos fueron ocupados por graserías clandestinas. A partir de 1882 llegaron nuevas fábricas y frigoríficos, que convirtieron el agua en una mezcla oscura y pestilente, cargada de sangre, desechos industriales y cadáveres de animales.
Durante el siglo XX, las tragedias también se sumaron a la contaminación. En 1930, un tranvía cayó al vacío en el Puente Bosch cuando estaba levantado: murieron 60 obreros que iban a trabajar. En 1956, la dictadura militar arrojó al Riachuelo cinco estatuas del inconcluso Monumento al Descamisado, que iba a ser mausoleo de Eva Perón. En 2002, Ezequiel Demonty fue obligado por la Policía a tirarse al río y murió ahogado; el Puente Alsina hoy lleva su nombre.
Del abandono al ajuste
Hubo intentos fallidos de revertir la situación: el más recordado es el de 1993, cuando María Julia Alsogaray prometió limpiarlo en mil días, un plan que derivó en causas judiciales por malversación de fondos.
Más recientemente, y con mejores resultados, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) logró retirar 90 embarcaciones hundidas y toneladas de residuos. En un estudio de 2023, se detallaba que un 30% de lo recolectado eran ramas, 28% neumáticos y 24% plásticos.
Sin embargo, el ajuste presupuestario amenaza con frenar los avances. Con menos fondos y sin la presión judicial de la causa “Mendoza”, el futuro del Riachuelo vuelve a ser incierto.
Megacausa “Mendoza”: de la promesa histórica al archivo judicial
La causa conocida como “Mendoza” comenzó en 2004, cuando vecinos de Villa Inflamable (Avellaneda), encabezados por Beatriz S. Mendoza, interpusieron una demanda colectiva contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y 44 empresas por la contaminación del río y sus efectos sobre la población. Reclamaban reparación del ambiente, un fondo para el saneamiento y medidas cautelares.
En 2008, la Corte Suprema dictó un fallo histórico en el que responsabilizó al Estado por el deterioro ambiental de la cuenca, ordenó la implementación de un Plan Integral de Saneamiento (PISA) y la creación de ACUMAR como ente ejecutor. Además, encomendó el seguimiento del plan al Defensor del Pueblo y a cinco organizaciones de la sociedad civil, con audiencia pública e información pública como pilares del control.
Con los años, la Corte supervisó el cumplimiento judicial mediante audiencias, informes y jueces de ejecución. Incluso dividió la ejecución entre distintos juzgados federales ante la complejidad del caso. Pero esa etapa intensa llegó a su fin el 22 de octubre de 2024, cuando la Corte Suprema, por unanimidad, resolvió archivar la megacausa Mendoza, finalizar su supervisión e indicar que los legajos restantes se tramiten como causas ordinarias en juzgados locales. La lógica oficial: con el PISA aprobado y ACUMAR funcionando, su intervención ya no era necesaria.
Las críticas no tardaron en llegar: desde FARN y otras ONG señalaron que se trató de una “salida fácil e indiferente” frente al incumplimiento persistente de los objetivos planteados, sin explicación sobre su cumplimiento efectivo.
El espejo de la ciudad
El Riachuelo es, desde hace siglos, el espejo oscuro de Buenos Aires. Nació como puerto y motor de la economía, se convirtió en cloaca de la industria, escenario de tragedias y símbolo del desmanejo estatal.
Hoy, en pleno 2025, se discute si el río puede ser recuperado con fines turísticos. La paradoja es que, mientras su historia está marcada por la desidia y la corrupción, su futuro depende —otra vez— de decisiones políticas y presupuestarias.
Como escribió un cronista en el siglo XIX, “el agua del Riachuelo burbujea de pestilencia”. Dos siglos después, burbujea de incertidumbre.