El Ministerio Público de la Defensa CABA, la Defensoría del Pueblo porteña, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron a legisladores de la Ciudad el informe “Para los barrios populares no hay plata: baja presupuestaria y vulneración de derechos en las villas de la Ciudad”, donde denuncian un fuerte retroceso en las políticas de integración socio urbana de los barrios populares.
El documento analiza la situación actual de las políticas habitacionales y también respecto del Proyecto de Presupuesto 2026, donde las partidas destinadas a los barrios populares alcanzan su nivel más bajo en los últimos catorce años, con una caída del 23% respecto del presupuesto de 2025.
De esta manera, explican, se afecta directamente a las más de 275 mil personas que habitan en barrios populares, casi el 10% de la población porteña. El informe muestra que los fondos se destinan principalmente a respuestas paliativas o de emergencia, mientras se postergan los proyectos de reurbanización y el cumplimiento de leyes y fallos que garantizan la integración socio urbana.
“La desinversión estatal, la disolución de equipos técnicos especializados y la paralización de obras esenciales implican una dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década. A la precariedad habitacional se suman los déficits en el acceso a servicios básicos, la inseguridad eléctrica y sanitaria, y la suspensión de espacios participativos previstos por ley, lo que vulnera los derechos de información y participación comunitaria”, agregan las organizaciones e instituciones firmantes.
Frente a este panorama, advierten sobre la necesidad urgente de establecer políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos, que garanticen la atención inmediata de las situaciones críticas, la continuidad de los procesos y el cumplimiento de leyes y sentencias.
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