La Ciudad de Buenos Aires enfrenta un escenario fiscal cada vez más desafiante. Aunque sigue siendo el distrito con mayor autonomía financiera del país, la caída de la actividad económica comenzó a impactar de lleno en sus recursos, al tiempo que continúa la disputa con el Gobierno nacional por los fondos de coparticipación.
Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la recaudación propia porteña registró en mayo una caída real interanual de 10,6%, una señal de alarma para una administración que obtiene cerca del 90% de sus ingresos a partir de recursos generados dentro de su propio territorio.
El principal golpe provino del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la principal fuente de financiamiento de la Ciudad y responsable de alrededor del 80% de la recaudación tributaria local. De acuerdo con el estudio, este tributo mostró una caída real de 10,6% respecto del mismo mes del año anterior y acumula un retroceso cercano al 41% desde octubre de 2023.
La merma no se limitó a ese impuesto. También se registraron bajas en el ABL y en el impuesto inmobiliario, mientras que la recaudación por patentes mostró un comportamiento más débil luego de las fuertes discusiones que generaron los aumentos aplicados sobre las valuaciones fiscales de los vehículos.
Para los analistas del CEPA, el deterioro refleja el impacto que la desaceleración económica tiene sobre la base tributaria porteña. A diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, Buenos Aires depende relativamente poco de la coparticipación federal y mucho de la actividad económica que se desarrolla dentro de sus límites. Cuando el consumo, el comercio y los servicios se frenan, la caja porteña también lo siente.
Sin embargo, la discusión más sensible sigue siendo la relacionada con los recursos que la Ciudad reclama a Nación por la controversia judicial en torno a la coparticipación. El informe sostiene que durante mayo el distrito debió haber recibido transferencias equivalentes a un coeficiente del 2,95%, tal como estableció la Corte Suprema, pero continuó percibiendo fondos calculados sobre una participación significativamente menor.
Según las estimaciones del CEPA, la diferencia entre los recursos efectivamente transferidos y los que la administración porteña considera que le corresponden superó los $198.000 millones durante mayo. Acumulada en el tiempo, esa brecha ya supera el billón de pesos.
Paradójicamente, durante el mismo período la coparticipación federal tradicional mostró una mejora impulsada por la liquidación anual del Impuesto a las Ganancias de las empresas. Sin embargo, ese incremento no alcanzó para compensar ni la caída de la recaudación propia ni los fondos reclamados por la Ciudad.
El resultado es una combinación incómoda para la gestión porteña. Por un lado, una economía que todavía no logra recuperar plenamente los niveles de actividad necesarios para sostener el ritmo de ingresos tributarios. Por otro, una disputa abierta con la Casa Rosada por recursos que representan cientos de miles de millones de pesos.
La Ciudad sigue siendo la jurisdicción más rica y autosuficiente de la Argentina. Pero incluso para el distrito con mayor capacidad de recaudación propia, la caída de la actividad y la pelea por la coparticipación comienzan a dejar huellas visibles en las cuentas públicas.