Fuente: Ciudad de México
La crisis de la vivienda en la Ciudad de México tiene muchas caras. Más de 200 mil viviendas se encuentran vacías en áreas centrales; muchas son inmuebles irrecuperables por haber sufrido daños en terremotos, mientras que otras podrían rehabilitarse, pero faltan inversiones para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad. La ciudad también atraviesa un intenso proceso de gentrificación, concentrado en barrios como Roma y Condesa. Los fuertes incrementos en los precios de los alquileres y el desplazamiento de los hogares más vulnerables derivaron en que el Poder Ejecutivo local impulsara un proyecto de Ley de Rentas Justas y Asequibles, que aún sigue sin aprobarse.
Xochimilco es una de las 16 alcaldías de la CDMX y se ubica entre las más periféricas. Su singularidad radica en la fuerte presencia de suelo agrícola, desarrollado sobre un sistema de islas artificiales —las chinampas— construidas sobre los remanentes de los humedales sobre los que se asienta la ciudad. Es un territorio estratégico por su valor cultural e histórico —forma parte de los vestigios de la cultura azteca y fue declarado Patrimonio de la Humanidad—, por el rol que ocupa en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, y por su función en la recarga de los acuíferos subterráneos de los que depende la provisión de agua de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años Xochimilco se ha convertido también en una de las nuevas fronteras de la crisis habitacional, con numerosas expansiones urbanas informales sobre suelos protegidos.
El gobierno de la alcaldesa Clara Brugada fijó comouno de sus principales objetivos la recuperación de los cuerpos de agua de la Ciudad de México, y en particular de Xochimilco, en el marco del plan Ciudad Lacustre. La iniciativa contempla inversiones en equipamiento e infraestructura, mayores restricciones a las iniciativas privadas y un freno total a las urbanizaciones irregulares en áreas de conservación. El área será vigilada con tecnología satelital y contará con la colaboración de comunidades locales y trabajadores agrícolas para prevenir nuevas intervenciones sobre áreas protegidas. El objetivo es que cualquier nuevo loteo o construcción no autorizada sea detectado tempranamente y, de ser necesario, demolido con rapidez. A su vez, en urbanizaciones ya consolidadas se avanza en procesos de regularización, con rezonificación, conexión a servicios y otorgamiento de títulos. El año pasado, estos procesos alcanzaron a más de tres mil viviendas. Sin embargo, mientras persista la crisis habitacional que atraviesa la ciudad, es probable que estas tensiones se mantengan.