En la ciudad de Montevideo, la normativa departamental establece que los frentistas son responsables de la construcción, el mantenimiento y la reconstrucción de las aceras linderas a sus propiedades. En 2021, la Intendencia detectó que al menos el 25 % de las veredas se encontraba en mal estado, lo que comprometía la calidad del espacio público y generaba problemas de accesibilidad, seguridad y limpieza. Para revertir esta situación, se lanzó el programa ABC Veredas, presentado como un plan masivo de reparaciones orientado a mejorar progresivamente la red peatonal de la ciudad. El programa preveía un avance por etapas, con prioridad en sectores estratégicos. Una de sus particularidades fue el rol asignado a frentistas y vecinos en la implementación de la iniciativa.
Si bien el programa ABC Veredas se presentó como de adhesión voluntaria, en los hechos la Intendencia también preveía la posibilidad de implementar un esquema de intimaciones en caso de ser necesario. En ese mismo sentido, se desarrolló una app para que los vecinos pudieran denunciar veredas rotas, habilitando así procesos de intimación. Asimismo, el plan de obras mantuvo la lógica de la normativa departamental vigente: las mejoras debían ser financiadas por los frentistas. El beneficio anunciado radicaba en que, además de las modalidades tradicionales de pago, se ofrecían planes de financiación más extensos, de 24, 36 y hasta 48 cuotas mensuales. Finalmente, el programa tuvo una aplicación limitada, en parte debido a las dificultades que implica trasladar a los vecinos la responsabilidad por los arreglos. Este rasgo del marco normativo suele ser señalado como uno de los principales condicionantes de las políticas de recuperación de veredas.
El ordenamiento y la definición de responsabilidades en torno al mantenimiento de las veredas es un tema transversal en muchas ciudades del mundo. A principios de este año nos referimos al caso de Denver, en Estados Unidos, que frente al mal estado de su red peatonal no solo lanzó un plan de veredas, sino que también modificó su normativa. Allí, la responsabilidad por el mantenimiento fue transferida al municipio y las reparaciones pasaron a formar parte de los servicios municipales, mientras que los costos se distribuyen de manera homogénea entre los contribuyentes mediante una tarifa plana. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 5902 regula el régimen de las veredas. Al igual que en Montevideo, la construcción, el mantenimiento, la reparación y la reconstrucción de las veredas son obligaciones del frentista. Sin embargo, en los últimos años el Gobierno de la Ciudad ha asumido, de hecho y por ahora, esa responsabilidad.
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